Los derechos del sordo se quedan en el papel

La ley de la lengua de signos apenas se cumple cuatro años después de ser aprobada - El colectivo reclama que se agilice su desarrollo y rechaza los recortes sociales que le castigan por partida doble.

En España hay algo más de un millón de personas sordas, el 2,3% de la población. Es un tercio de los españoles con algún tipo de discapacidad, a los que la crisis económica está golpeando sobremanera. Cuando las Administraciones públicas dicen que ajustan gastos, suelen empezar por las ayudas a las organizaciones de estos colectivos. Es la queja de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), que celebra mañana el 75 aniversario de existencia y el Día Internacional de las Personas Sordas. El martes pasado, la CNSE lanzó un manifiesto exigiendo el cumplimiento de la legislación vigente. "Las personas sordas no podemos dar ni un paso atrás", proclama Concepción Díaz Robledo, presidenta de la CNSE y vicepresidenta de la Fundación ONCE. Es sorda, nació en Cádiz hace 40 años y se licenció en Psicología, entre otros títulos universitarios cursados en la Universidad de Granada.

Díaz Robledo no solo está preocupada por los "recortes que afectan a las personas sordas en todos los ámbitos", sino también por ajustes más generales. Dice: "Cualquier recorte en servicios básicos como la educación o la sanidad afecta con más fuerza a los colectivos más necesitados, por el simple hecho de que parten de una situación de mayor necesidad y menores recursos. Los recortes en educación suponen un retroceso importante en un ámbito estratégico del que depende el futuro de las personas sordas, necesitadas hoy más que nunca de recursos como intérpretes, docentes sordos, profesionales sordos especialistas en lengua de signos, logopedas o profesorado de apoyo".